A la sesión convocada por la parlamentaria, asistieron el Viceministro de Justicia: Miguel Samper Strouss, el  Director de Inpec, Alejandro Murillo Pérez  y el  Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora y una vez más  se habló del panorama de las cárceles, los derechos vulnerados, la falta de compromiso del estado con el sistema penitenciario y la necesidad inaplazable de una reforma de fondo para disminuir el índice de hacinamiento, que supera el 50 por ciento a nivel nacional.

La representante López Florez en una clara exposición ante sus colegas y  los representantes del gobierno nacional, mostró el fracaso del estado frente a esta problemática, “esto será insostenible, el déficit financiero aumentará, la política criminal, fracasó y la poca o nula atención   en materia de resocialización y educación, por parte del estado reafirma esta crisis, todo esto debido a la terca  idea de mirar este flagelo, desde una visión netamente punitiva”. Enfatizó.

Estadísticas según el INPEC

El país  ha experimentado un aumento drástico y sostenido de las tasas de encarcelamiento. Durante el período comprendido entre diciembre del 1993 (tiempo en el que se promulgó el Código Penitenciario y Carcelario y ocho reformas más) y abril del 2014, la población de internos pasó de 29.114 a 117.130 personas, pero la capacidad de los establecimientos de reclusión sólo se incrementó en 50.701 cupos. Lo que indica que en Colombia también tenemos hacinamientos de leyes, pero que al final  quedan en letra muerta, subrayó.

Según el INPEC, un recluso le costará a la nación 11.540.372 millones de pesos, para el 2015, el déficit presupuestal podría ser superior al 40 por ciento. Como es obvio, este déficit agraviaría la situación de la población reclusa y le impediría al Estado cumplir, por ejemplo, la contratación adecuada de los servicios de salud y la alimentación para los internos, el mantenimiento de la infraestructura, los traslados o el suministro de materiales para las actividades de resocialización.

A su vez, el hacinamiento y los problemas de financiación se traducen en las escasas oportunidades de educación y trabajo que las cárceles ofrecen a la población reclusa. A pesar de que la educación y el trabajo son dos de los pilares del esquema de resocialización del sistema penitenciario, la realidad de las prisiones colombianas muestra que el Estado está lejos de proveer las condiciones mínimas necesarias para alcanzar el ideal de resocialización que justifica su accionar.

La representante invitó a las universidades públicas y privadas a asumir un compromiso en materia de responsabilidad social, adelantando carreras profesionales al interior de los centros penitenciarios, pues Las cifras de la realidad carcelaria nos muestran que más del 40 % de los internos en las cárceles son jóvenes de entre 18 y 29 años. Así mismo expresó, que hoy la población carcelaria en un 40 por ciento es sindicada, lo que también genera una inestabilidad financiera a  la nación, porque esto se traduce en demanda para el pais. Por último se comprometió hacer un acompañamiento permanente desde la comisión de DDHH con el gobierno nacional, defensoría del pueblo y todas las entidades relacionadas con el tema para mejorar  la situación carcelaria en el país.

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