Por fortuna Arturo Tovar se escapó de la Vereda Buena Esperanza de Puerto Guzmán cuando cuatro sicarios lo iban a asesinar y parece que se desplaza hacia el Ecuador según audio que envió a nuestras redes y que hemos difundido a la Procuraduría, Fiscalía, Defensoría y Mininterior.
El Gobierno dice que durante el año 2019 hubo reducción en los asesinatos en el País, pero no explica con objetividad la razón de la reducción. Para las organizaciones comunales, sociales y de defensores, la afectación contra nuestros dirigentes tiene ciclos indeterminados y a esta puede ser una razón accidental de esa reducción, pues el Gobierno ni el Estado han asumido las propuestas estructurales que de tiempo atrás desde nuestros sectores venimos planteando.
Por ejemplo, el mayor incremento de asesinato contra comunales campesinos entre el 20 de Octubre y el 1 de Mayo del año del año 2019 estuvo relacionada por su compromiso con la sustitución de cultivos ilícitos, pue sel Gobierno anterior se comprometió con esta estrategia, caso del PNIS, muchos dirigentes la asumieron, pero luego el Gobierno abandono el programa, dejo desprotegidas a nuestras organizaciones y dirigentes quienes quedaron a merced de los grupos armados negociantes con alucinógenos.
Al parecer los casos del presente año tienen esta misma causa, sin embargo de manera facilista e irresponsable el Estado descarga las culpas contra los grupos armados ilegales cuando es El quien ha abandonado los territorios y los programas de sustitución que demuestran la mayor eficiencia, menor costo y menor impacto sobre el ambiente y la salud humana que la fumigación, porque este si es el problema de fondo detrás de esta grave situación.
Desde la sociedad civil no tenemos por qué reclamarle a los grupos irregulares por estos homicidios sino al Estado por que permita su existencia y por qué con sus políticas los incrementa y hace muy poco por nuestras organizaciones y dirigentes. Nuestra pregunta vuelve a ser y por qué el Gobierno, el Estado, los norteamericanos y la comunidad internacional privilegian la fumigación a la real sustitución concertada con los campesinos con programas de titulación de tierras, apoyo transitorio de supervivencia mientras se estabilizan sus cultivos legales, mejoramiento de vías, seguridad social y servicios, sustentación de precios de cosecha y otros requerimientos de los campesinos?.
La respuesta de nuestros comunales en las regiones es clara, porque el interés real del Estado no es la solución al problema de los narcocultivos sino expulsar a los campesinos de sus tierras envenenandolos para entregarlas al gran capital nacional e internacional. De por medio también están los negocios de monsantos y de las empresas de fumigación. Otro problema de fondo es la incesante influencia en barrios y pueblos de dineros al parecer del narcotráfico. Nuestros comunales en su lucha por la protección del territorio de sus comunidades se oponen a estas bandas y dineros de gota a gota, lo que está aumentando exponencialmente el problema de las amenazas y desplazamientos contra nuestros dirigentes. Para el Estado este es un problema del narcotráfico.
Para nosotros es un problema del Estado que ha lanzado a amplios sectores de la economía popular a estas redes, pues no existe un programa de apoyo financiero a bajas tasas de interés para esta economía popular. Es insólito que el Plan Nacional de Desarrollo no obstante tener en Colombia cerca de u n 60 de la población derivando la supervivencia de la economía informal no destino un párrafo ni un peso para estos sectores de la economía y que por el contrario en el caso del campo durante los últimos tres años se haya disminuido en más de la mitad el presupuesto para apoyarlo de uno punto cinco billones de pesos a menos de ochocientos mil para el año 20020.
Estos y muchos otros temas, muchas veces planteados son los problemas estructurales de fondo que se deben abordar si de verdad se quiere resolver el problema de la violencia contra dirigentes comunales y sociales, contra mujeres, niñas y niños y en general enfrentar las altas tasas de homicidios. Son estos temas los que están obligando a millones de comunales a buscar soluciones de presión, por lo que en el 27 Congreso Nacional Comunal del 12 al 15 de Diciembre/019 en Neiva dijeron si al Paro Nacional.
Señores del Gobierno y del Estado; entre más dilaten las soluciones de fondo más grave para el Estado y sobre todo para la sociedad. Avancemos hacia un verdadero acuerdo nacional para resolver estos y otros problemas estructurales, acuerdo en el que los grandes capitales tendrán que ceder parte de sus privilegios, de lo contrario la situación será cada vez más incierta.
