Carlos Holmes Trujillo, ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, instaló el evento con un discurso en el que exaltó el encuentro como una forma de acercar a la comunidad al trabajo jurisprudencial que realizan, velando por la defensa y el “progresivo desarrollo de los derechos humanos” en nuestra región.

El canciller resaltó especialmente el legado que tiene la CIDH en sus 40 años de funcionamiento, por ejemplo, protegiendo el medio ambiente y los derechos de los migrantes; dos situaciones que en el contexto actual han cobrado especial relevancia. “La corte interamericana es un tribunal abierto que genera espacios de intercambio de perspectivas y opiniones con los jueces latinoamericanos, que resulta fundamental para comprender las realidades nacionales.

El diálogo es, por un lado, un instrumento sumamente relevante para el funcionamiento, legitimidad y vigencia de la CIDH, y, por otro lado tiene una utilidad práctica y real, pues permite adecuar la jurisprudencia de manera constante a la realidad cambiante y dinámica de nuestra región”, manifestó el juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor, presidente de la CIDH.

Humberto Sierra, otro de los togados que hace parte de la corte, señaló que en la sociedad latinoamericana se han venido presentando cambios en las leyes de los países que reflejan una “internacionalización del derecho interno”. Observó que nos encontramos en una coyuntura en la que ha habido una resistencia en aspectos como la libertad de expresión y los derechos de las personas LGBTI, pero que, en general, los sistemas legales se han convertido más sofisticados con el tiempo gracias al trabajo conjunto entre estados.

La sede de la CIDH está en San José de Costa Rica, pero dos veces al año el tribunal se traslada a distintos países por invitación de los gobiernos. Por quinta vez, del 26 de agosto al 6 de septiembre, sesiona en Colombia (Barranquilla y Bogotá). Entre el 27 y el 30 de agosto la corte realizará tres audiencias públicas de casos contenciosos contra Ecuador, Perú y Paraguay.

Estas tres audiencias tienen que ver con una presunta detención ilegal y arbitraria de una persona en Ecuador por parte de policías y la presunta falta de garantías de su proceso. Con la muerte de un recluta de 17 años en Paraguay mientras prestaba servicio militar voluntario. Y la presunta privación de libertad ilegal y arbitraria, y supuesta tortura por razón de la orientación sexual de una persona en Perú.