Sin duda alguna, estos datos evidencian que es posible alcanzar las metas tradicionales año tras año, pero sin un verdadero impacto en el problema. Los resultados obtenidos no son suficientes para aminorar la problemática de las drogas y sus efectos negativos de las políticas implementadas, más allá del perjuicio que generan las mismas drogas.

Colombia ha dejado de ser un país exclusivamente productor de drogas y ha pasado a convertirse en un consumidor en crecimiento. Se estima que alrededor de tres millones de personas han consumido drogas ilícitas alguna vez en el país. Los estudios del ODC nos muestran que este aumento se debe a la diversidad que tiene el mercado actualmente.

Según un reciente informe de la Administración para el Control de las Drogas de Estados Unidos, DEA, Colombia continúa siendo principal fuente de origen de la cocaína decomisada en ese país, con un 92 % de las muestras incautadas de este alcaloide provenientes de Colombia, 6 % fueron de origen peruano y el 2% restante de origen desconocido. La realidad de la sobreoferta, es la que se vive en las calles de nuestro país.

En los últimos dos años se ha evidenciado el aumento de los cultivos de hoja de coca, lo que resulta en el aumento de la demanda de sustancias y químicos necesarios para realizar los procedimientos de extracción, refinamiento y conversión de los alcaloides.

El mercado interno de estupefacientes, es uno de los fenómenos criminales de mayor complejidad en materia de intervención penal, gracias a sus múltiples manifestaciones que perturban diferentes escenarios sociales e institucionales.

Los mercados locales de drogas ilegales, son nuevos retos para la política de drogas en Colombia. Es necesario caracterizar el fenómeno con un enfoque territorial urbano, fortalecer las acciones de interrupción de las actividades de distribución de drogas en el ámbito local y, paralelamente, el desarrollo de procesos de inclusión social que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población afectada.

Uno de los mayores retos para el Congreso frente a esta problemática que afecta a las principales ciudades del país, es encontrar fuentes de financiación continuas y suficientes para cubrir las acciones advertidas en el Plan Nacional de Promoción de la Salud, Prevención y Atención del Consumo de Drogas. El desafío en este sentido es lograr un mayor equilibrio entre los esfuerzos financieros dirigidos al control de la oferta y al consumo.