Adicional a este panorama, Triple A detectó 120 casos de conexiones no autorizadas durante el primer semestre de 2014, que han generado pérdidas por el orden de los 260 mil metros cúbicos, sin contar los gastos en los que incurre la empresa reparando los daños que esta práctica ilegal causa en la infraestructura de acueducto. La compañía se encuentra haciendo seguimiento a 100 casos más.
Mientras tanto, 42 mil habitantes de Usiacurí, Juan de Acosta, Tubará, Piojó y sus corregimientos se están viendo afectados por las restricciones en el servicio de agua potable.
“Es imperdonable que algunos finqueros le quiten el agua a las poblaciones para atender sus intereses particulares. El agua que se ha extraído del Acueducto Costero de manera ilegal equivale a la prestación del servicio para un municipio de 50 mil habitantes durante mes y medio. Lamentamos mucho que se presente esta situación”, dijo el Gerente General de Triple A, Ramón Navarro Pereira.
La empresa continúa haciendo revisiones técnicas a lo largo de las redes de distribución del Acueducto Costero, especialmente en las fincas y parcelas, para identificar y erradicar estas conexiones irregulares.
Sobre este tema, el Gobernador del Atlántico, José Antonio Segebre, convocó para mañana miércoles 30 de julio de 2014 un Consejo de Seguridad con el fin de emprender, con los diferentes estamentos, acciones contundentes para frenar este flagelo. La reunión se llevará a cabo en el parador turístico “Sombrero Vueltiao”, a partir de las 7:30 de la mañana, con la presencia de las autoridades, miembros de gabinete, alcaldes y personeros de los municipios costeros y representantes de Triple A.
“Realizamos un gran esfuerzo técnico y humano para llevar el agua potable a los municipios del Acueducto Costero a través de una extensa red de tuberías y este tipo de casos complican aún más la situación”, sostuvo Navarro Pereira.
Sobre el particular, la compañía ha enviado informes a la Gobernación del Atlántico, Arcos y el Gobierno Nacional y está emprendiendo, ante los organismos competentes, las acciones legales y la reparación económica de los perjuicios causados a que haya lugar, para ayudar a frenar esta práctica ilegal que afecta a los habitantes de los municipios y deteriora el sistema de acueducto.
Hay que anotar que desde el punto de vista de optimización de redes, la empresa, con recursos propios, está ejecutando la reposición de 900 metros de tuberías en la vía Barranquilla- Juan Mina, desde el arroyo León hasta la Ladrillera, uno de los tramos más críticos del Acueducto Costero, con una inversión de 790 millones de pesos.
Y en el mediano plazo, se contempla la construcción, por parte de la Gobernación del Atlántico, de un tanque de almacenamiento con capacidad de 3.000 metros cúbicos y de una estación de rebombeo en la zona aledaña al Parque Ambiental Los Pocitos, terreno que será cedido por Triple A para tal fin.
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